Escribe Marcio Pérez
Cómo una campaña electoral terminó en una red de favores y contratos públicos
La mañana del jueves se inició con un megaoperativo que movilizó a más de 100 efectivos policiales del Grupo GRECCO y de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), además de la participación de la Defensoría Pública y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Una red de intereses políticos y económicos habría operado en la Municipalidad Distrital de Campo Verde desde el inicio de la actual gestión edil, encabezada por el alcalde Donato Flavio Fernández Andagua, investigado por presuntamente integrar una organización criminal y por el delito de colusión agravada. Sin embargo, el alcalde logró darse a la fuga.
La suerte no fue la misma para Roberth Jorge Huanca Falcón, gerente municipal; José Alberto Fretel Sosa, gerente de Infraestructura y Obras Públicas; Santiago Salazar Pérez y Bienvenido Angulo Saboya, ambos exsubgerentes de Logística, quienes fueron detenidos en distintos puntos durante el operativo, en el marco de una detención preliminar por siete días.
El despliegue incluyó seis allanamientos simultáneos, entre ellos a la propia sede de la municipalidad.
“La investigación nos llevó a determinar con certeza la responsabilidad funcional del alcalde y de los funcionarios involucrados en este caso. Se ha logrado incautar equipos celulares, equipos de cómputo, documentos de interés para la investigación y aproximadamente cinco mil soles en efectivo”, señaló el coronel PNP Cosme Minaya Flores, jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al crimen organizado.
El CASO
De acuerdo con la declaración de un colaborador eficaz, el empresario Florencio Galarza Pardavé habría financiado la campaña electoral de Fernández Andagua en 2022 a cambio de la promesa de colocar funcionarios de confianza y asegurarse contratos de consultoría una vez asumido el gobierno local. Las entregas de dinero, que habrían superado los S/ 98,000 soles, se realizaron en diversos puntos de Pucallpa —detrás de supermercados, estacionamientos y plazas— y siempre en presencia de personajes cercanos al entorno del alcalde, como Richard Álvarez Miraval.
Las transacciones, según el testimonio, comenzaron el 3 de septiembre de 2022 en una oficina del Jr. Amazonas, cerca del Real Plaza. Allí, Donato Fernández pidió un apoyo económico a Galarza para cubrir los gastos finales de campaña. A cambio, el empresario solicitó asegurar puestos clave en la gestión edil. De esa reunión se desprendieron sucesivas entregas de dinero: S/ 5,200, S/ 19,000, S/ 28,000, S/ 15,000, S/ 10,000, S/ 8,000 y S/ 13,000 soles, sumando un total de S/ 98,200 antes de Navidad de 2022.
Contratos como devolución del “apoyo”
Tras el triunfo electoral de Fernández Andagua, las promesas políticas se transformaron en actos administrativos. Según el colaborador eficaz, en enero de 2023, ya instalado como alcalde, Donato convocó a Galarza a una reunión en la zona de comidas del supermercado Tottus para negociar cómo devolverle el «apoyo» brindado. Allí, el burgomaestre ofreció hasta diez estudios IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación), por un valor de S/ 300,000.
Estos estudios, según la versión recogida por la Fiscalía, debían ser elaborados por empresas manejadas directamente por el propio Galarza o allegados suyos. Las reuniones posteriores, realizadas en la propia municipalidad, incluyeron al Gerente de Obras, Walter Gilberto Roman Claros, y al Subgerente de Planeamiento y Presupuesto, Hitler Amasifuen. En mayo de 2023, se entregaron los dos primeros IOARRs, y hasta diciembre de ese año, el empresario recibió cuatro en total.
En 2023 y 2024, las consultorías adjudicadas al entorno de Galarza sumaron más de S/ 270,000 soles. Las compañías beneficiadas, como Grupo Consultores Constructora e Inmobiliaria Tocare SAC —representada por Viviana Guillén Vilca, conviviente del empresario— y Construcciones Obras y Servicios Zevallos SAC —a nombre de la suegra de Galarza— fueron recurrentemente seleccionadas tras invitaciones que, según el testimonio, eran direccionadas desde la propia Subgerencia de Logística.
Los correos oficiales de la municipalidad eran usados para remitir invitaciones directamente a tres direcciones electrónicas controladas por Edick Echevarría Encarnación, colaborador de Galarza. Echevarría, quien también elaboraba las proformas y cotizaciones, manejaba tres cuentas de empresas distintas pero bajo el control del mismo grupo empresarial. Con ello, aseguraban la adjudicación “legal” de los servicios mediante la alternancia de precios.
Los contratos adjudicados durante la gestión incluyen:Consultoría para Polideportivo Santa Rosa de Lima – S/ 39,100.00, Consultoría para Polideportivo La Merced de Neshuya – S/ 39,545.00, Elaboración de expediente técnico Puente Barriga – S/ 34,800.00, Expediente técnico Puente Mojaral – S/ 35,000.00, Ficha técnica San Martín de Mojaral (2024) – S/ 40,050.00 y Pozo y reservorio para la Compañía de Bomberos – S/ 43,000.00
Todas estas obras, según las fuentes, fueron otorgadas con el compromiso previo de beneficiar a Galarza como parte de la «deuda de campaña».
Coordinaciones con el Gerente de Obras
El nexo operativo entre Galarza y la comuna habría sido el ingeniero Jesse Alberto Fretel Sosa, quien asumió la Gerencia de Infraestructura y Obras Públicas en junio de 2023. Conversaciones vía mensajes entre ambos personajes, a las que tuvo acceso la Fiscalía, evidencian un patrón de coordinación directa. En una de ellas, el funcionario aconseja: «Cambia tu RUC, ponle de alguien de confianza», mientras en otra señala: «Que venga Erick para coordinar. Dile que me busque sin hacer mucho roche».
Las pruebas también incluyen fotografías de conversaciones y documentos de contratación donde el nombre de Edick Echevarría figura como enlace administrativo en varios procesos. Según el colaborador, este último entregó personalmente el Formato 07-C para el proyecto del pozo en la compañía de bomberos, con la intención de direccionar el contrato hacia una empresa del grupo de Galarza.
El 14 de marzo de 2025, como parte de las diligencias de verificación, la Fiscalía de Corrupción realizó una constatación en la sede municipal, logrando obtener comprobantes de pago y documentación que sustenta los procesos contractuales investigados. Estas evidencias estarían siendo contrastadas con la declaración del colaborador eficaz CE-03-2024-1°FPCEDCF-DFU.
La investigación fiscal sostiene que las empresas vinculadas a Florencio Galarza operaban en bloque. Estas incluían: Grupo Consultores Constructora e Inmobiliaria Tocare SAC (conviviente), Construcciones Obras y Servicios Zevallos SAC (suegra), Consultores Eykrey SAC (amigo cercano) y Grupo Consultores SA & SA SAC (amiga de la conviviente)
Estas compañías presentaban proformas “competitivas” entre sí, pero todas manejadas desde una misma central de control. Según el testimonio, Galarza acordaba con los funcionarios de confianza —incluyendo al Subgerente de Logística Santiago Salazar Pérez y anteriormente Bienvenido Angulo Saboya— para que el correo oficial de la municipalidad fuera utilizado para invitar únicamente a sus empresas.
Las diligencias preliminares continuarán en los próximos días, mientras las autoridades intensifican la búsqueda del alcalde prófugo y recaban más pruebas sobre el presunto esquema de corrupción que habría desviado fondos públicos del distrito de Campo Verde.
