Por Marcio Pérez
(Puka Allpa, Ucayali, Perú)
Este reportaje se basa en documentos oficiales, entrevistas y testimonios directos. Algunos pasajes se apoyan en fuentes que pidieron reserva por motivos de seguridad.
La presencia del arte shipibo en el ámbito internacional no ha estado libre de polémicas. En el centro de la discusión se ubica el Shipibo Conibo Center (SCC) de Nueva York, que se presenta como aliado de organizaciones indígenas y es el principal difusor de la obra de la artista Sara Flores. Si bien ha recibido elogios en el mundo del arte por llevar la estética amazónica a escenarios globales, también enfrenta críticas de comuneros y especialistas, quienes cuestionan que su forma de gestionar el arte indígena termina reforzando —en lugar de desmontar— dinámicas coloniales y tensiones locales en Ucayali.
De Caimito a Nueva York
El Shipibo Conibo Center se presenta como un espacio cultural y político dedicado a la autodeterminación indígena, donde convergen proyectos de artes visuales, música, etnobotánica y activismo. Bajo la dirección del cineasta Matteo Norzi y del antropólogo Abou Farman, profesor de la New School for Social Research, el centro se ha consolidado como referente internacional de la cultura shipibo-konibo.
Sin embargo, detrás de esta imagen cosmopolita emergen tensiones profundas. Uno de los focos más críticos se encuentra en la comunidad shipiba de Caimito, en el distrito de Masisea (Ucayali), donde la disputa por 750 hectáreas con colonos menonitas ha fracturado a la población y desatado episodios de violencia. De esa superficie, poco más de 70 hectáreas están en manos de cuatro familias menonitas y doce agricultores mestizos. Aunque Caimito —liderado por Abner Ancón— reclama la propiedad mediante una nueva georreferenciación con GPS, la partida registral Sunarp N.º 40002530, la única con validez legal, confirma que el área en disputa queda fuera de sus límites. La franja de tierra fue entregada en 2006 a la Universidad Alas Peruanas, luego transferida a agricultores y finalmente vendida a los menonitas.
En julio de 2024, la guardia indígena de Caimito —financiada por el SCC mediante campañas de recaudación y venta de arte indígena— tomó posesión de los terrenos en disputa, incendiando viviendas menonitas y sacrificando animales de granja, poniendo en riesgo a familias enteras, incluidos niños. Desde entonces, ningún menonita ha regresado por temor a nuevos ataques. Este episodio no fue aislado: en octubre de 2022, Adán Sánchez Huayta, entonces jefe de la comunidad nativa Junín Pablo, denunció penalmente a la guardia de Caimito por “grave alteración del orden público” y “crimen organizado”.
Tras los hechos de violencia del 2024, el Ministerio del Interior instaló una mesa de diálogo para abordar irregularidades en la georreferenciación. Paralelamente, dirigentes menonitas acusaron a Abner Ancón de exigir más de 12 mil soles para retirar denuncias por deforestación de 850 hectáreas. Ancón negó haber recibido dinero durante una asamblea comunal, pero la acusación profundizó las divisiones internas. Según la Policía de Masisea, un sector significativo de la población de Caimito ha retirado su respaldo a Ancón —estrecho aliado del SCC— y ha pedido explícitamente la salida de la organización de la comunidad. Aunque no se puede establecer un vínculo causal directo, los discursos de aliados internacionales podrían haber incentivado los pedidos desmedidos de la guardia indígena y la exacerbación de los ánimos.
Es cierto que los menonitas practican un modelo agrícola que amenaza la diversidad ecológica. Sin embargo, al tratarse de terrenos privados fuera del territorio comunal, la fiscalización es responsabilidad exclusiva del Estado. Así, lo que está en juego no es solo la propiedad de los suelos, sino también la legitimidad de organizaciones que se presentan como defensoras de la soberanía indígena mientras dependen del mercado global del arte, generando una tensión entre autonomía indígena y externalización de funciones estatales.
¿Quién habla por los shipibos?
A diferencia de otros casos de apropiación cultural, el SCC no ha recibido un pronunciamiento oficial en su contra por parte de organizaciones shipibo-konibo. La antropóloga Luisa Elvira Belaunde, profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señaló que no ha investigado a fondo al SCC, aunque resaltó la magnitud de sus recursos económicos. En su página web, la institución presenta al Consejo Shipibo Konibo (COSHIKOX) como aliado estratégico en programas de asesoría legal y apoyo a la guardia indígena. El actual líder del consejo, Lizandro Cauper, manifestó inicialmente su disposición a responder nuestras preguntas, pero nunca lo hizo.
El modelo financiero del SCC combina campañas de recaudación con la venta de arte amazónico, asegurando a sus donantes que parte de los ingresos respaldan a la guardia indígena de Caimito y la “autonomía y autodeterminación” del pueblo shipibo-konibo. No obstante, tras los hechos de julio de 2024, el centro no emitió ningún pronunciamiento público condenando la violencia.
Diversas fuentes indican que el principal enlace del SCC en Caimito es Abner Ancón, quien habría recibido parte de los fondos gestionados. Este nexo genera controversia: registros oficiales de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) revelan que Ancón mantiene deudas por 126,123 soles (unos 36 mil dólares), una carga inusual para un dirigente comunal y maestro de primaria.
También despierta inquietud la estrategia comunicativa del SCC. En un correo del 1 de septiembre de 2023, el centro afirmó que “la semana pasada se produjo una invasión masiva de territorio indígena shipibo por agricultores menonitas con el apoyo de la policía local y funcionarios del Ministerio de Agricultura” [traducción propia]. Sin embargo, nunca se registró una invasión de tal magnitud en Caimito. Para algunos analistas, esta discrepancia muestra cómo ciertos relatos pueden adaptarse a campañas de visibilidad y recaudación en el extranjero.
El caso de Sara Flores
Más allá de las disputas territoriales, las críticas al SCC alcanzan su papel en la representación y comercialización del arte indígena. Su artista estrella es Sara Flores, reconocida como una de las exponentes más destacadas de las tradiciones visuales shipibo. En agosto de 2025, el escritor y curador Alfredo Villar publicó en Artishock el artículo de opinión “Sara Flores. Un cuento de hadas (neo)colonial”, advirtiendo que la artista podría enfrentar condiciones de explotación laboral y comercial.
Una fuente cercana a la familia de Flores aseguró que los ingresos percibidos por la artista eran muy inferiores a los precios alcanzados por sus piezas en el mercado internacional. Algunas obras habrían sido vendidas en galerías extranjeras por más de 100 mil dólares, mientras la autora solo recibiría menos del 10 % del precio final. Además, sus representantes no informan explícitamente sobre los precios de venta. Esta afirmación no pudo verificarse de manera independiente; se enviaron consultas al SCC, pero no respondieron.
La prominencia de Flores sigue en ascenso. En agosto de 2025 fue seleccionada para representar al Perú en la Bienal de Venecia de 2026, bajo la curaduría de Matteo Norzi —codirector del SCC— y Issela Ccoyllo. Aunque especialistas como Villar reconocen la potencia de su obra, el nombramiento reavivó el debate sobre la ética de confiar el pabellón oficial del Perú a un curador extranjero estrechamente vinculado a una organización cuestionada por transparencia y justicia económica en la representación de artistas indígenas.
Solicitamos a miembros del jurado del Pabellón Peruano en la Bienal de Venecia 2026 un descargo sobre la validación de un curador extranjero vinculado a controversias sobre transparencia y pagos justos. La única respuesta provino de la mesa de partes del Patronato Cultural del Perú, que señaló no comentar sobre “especulaciones o procesos externos”, sin atender directamente los puntos consultados.
Cabe señalar que esta institución despierta sospechas entre parte del campo artístico peruano: en 2017, el curador Rodrigo Quijano los acusó públicamente de privatizar y distorsionar la representación nacional del arte. Los debates y cuestionamientos en torno al pabellón peruano en la Bienal de Venecia han sido constantes desde entonces. Por su parte, Sharon Lerner, directora del MALI, señaló que, aunque su institución apoya el pago justo a los artistas, los detalles del trato de Flores con el SCC solo pueden ser proporcionados por ellos.
“Me quiso hacer sentir que no era nadie sin él”
Para verificar si el caso de Flores era excepcional, buscamos a otros artistas indígenas que hubieran trabajado con el SCC, basándonos en la lista publicada por COSHIKOX el 28 de agosto, que felicita la designación de Flores y ensalza a Norzi. Una de las pocas dispuestas a declarar fue Chonon Bensho, quien mantuvo un contrato de representación con el centro entre 2022 y 2024. Su testimonio es contundente:
“Acepté trabajar con ellos porque prometían que las ganancias irían a proyectos que beneficiarían directamente a las comunidades. En ese entonces no conocía nada del mercado del arte. Poco a poco me dio la impresión de que el dinero de mis obras se iba en pagar sus viajes, sus sueldos y las organizaciones políticas, mientras que no llegaba a quienes más lo necesitaban. También sentía que la manera en que presentaban mi trabajo lo exotizaba, siempre asociándolo con el ayahuasca. Cuando reclamé que el porcentaje que recibía por las ventas era muy bajo, me dijeron que no podían darme más si querían que su proyecto funcionara. Cuando se venció mi contrato de dos años y dije que no quería seguir, Matteo Norzi me dijo que sin su representación mi carrera estaba acabada. Me dio la impresión de que quiso hacerme sentir que yo no era nadie sin él. Continuamente me menospreciaba”.
Sus palabras evidencian la crítica de fondo: ¿qué significa que un artista indígena alcance reconocimiento global si las condiciones de representación están estructuradas por organizaciones extranjeras, con prácticas financieras opacas y actitudes paternalistas?
Un ajuste de cuentas más amplio
Las controversias en torno al SCC exponen tensiones profundas en la intersección entre comunidades indígenas, organizaciones internacionales y el mercado global del arte. En Caimito, algunos pobladores reclaman la retirada del SCC tras los enfrentamientos territoriales. En el terreno cultural, la legitimidad de la representación artística indígena está en debate, con preguntas sobre autoría, transparencia financiera y asimetrías de poder que vuelven a emerger.
Lo que queda abierto no es solo el futuro del SCC, sino también la cuestión más amplia de la confianza. Para comunidades que defienden su territorio y artistas que reclaman dignidad, la pregunta no es únicamente sobre visibilidad internacional, sino sobre si esa visibilidad puede existir sin reproducir viejas dinámicas coloniales bajo el disfraz de la solidaridad contemporánea.
