Tras el ChifaGate, presidente encargado José Jerí recibió en Palacio a investigados por organización criminal y tentativa de homicidio
Ayer por la noche, pocas horas después de comparecer ante el Congreso y dar explicaciones públicas por el ChifaGate, el presidente encargado José Jerí recibió en Palacio de Gobierno a una delegación de Ucayali cuya visita fue gestionada por la congresista fujimorista Jeny López Morales. En la reunión participaron autoridades y dirigentes, entre ellos al menos tres personas que fueron detenidas e investigadas penalmente: Florencio Galarza Pardavé y Marden Teddy Alomía, ambos investigados por organización criminal, y Fiorella Flores Valverde, investigada por tentativa de homicidio. La cita terminó con una foto protocolar cuya difusión oficial fue retirada minutos después de ser publicada a la mañana siguiente.
Ayer fue una jornada de alta tensión política para el Ejecutivo. El presidente encargado se presentó ante el Congreso, logró superar un escenario adverso y, posteriormente, ofreció una conferencia de prensa para responder por el ChifaGate, el escándalo generado por reuniones no registradas con empresarios chinos. En ese contexto, ya entrada la noche, Palacio de Gobierno abrió sus puertas para una reunión que se extendió entre las 8:15 p. m. y cerca de las 11:00 p. m., en un horario poco habitual para audiencias presidenciales.
El acceso fue canalizado políticamente por la congresista Jeny López Morales, de Fuerza Popular, quien gestionó la audiencia para una delegación de Ucayali. El encuentro incluyó exposiciones, intervenciones políticas y una fotografía institucional. No todos los asistentes arrastran antecedentes, pero la presencia de personas investigadas por delitos graves terminó eclipsando cualquier agenda formal planteada durante la cita.
El caso más sensible fue el de Florencio Galarza Pardavé, actual gerente municipal de Irazola. Galarza fue detenido en 2024 en el marco del caso Neshuya, investigación fiscal por presunta organización criminal (Los otorongos de Neshuya) y colusión agravada vinculada a contrataciones públicas direccionadas. En ese expediente aparece como operador y beneficiario de adjudicaciones municipales, además de presunto financiador de campaña que, según la hipótesis fiscal, habría sido luego favorecido con contratos. Tras su detención, recuperó la libertad al acogerse a la condición de aspirante a colaborador eficaz. Ayer reapareció sentado en Palacio, participó de la reunión y posó en la foto oficial, pese a mantener antecedentes penales recientes aún bajo investigación.
También asistió Fiorella Flores Valverde, consejera regional de Ucayali. Flores fue detenida y enfrenta una investigación penal por un hecho ocurrido en febrero de 2025, cuando fue señalada de agredir con un objeto punzocortante al director regional de Comercio Exterior y Turismo, Wilber Trujillano. El caso derivó en una investigación por tentativa de homicidio, de acuerdo con la información fiscal difundida públicamente. A ello se suma una denuncia en sede de familia por una presunta agresión a un menor. Pese a ese historial, intervino activamente en la reunión y formuló exigencias políticas.
El tercer asistente con antecedentes fue Marden Teddy Alomía Arellano, exprefecto regional de Ucayali. Estuvo cerca de tres años en prisión acusado de pertenecer o colaborar con la presunta organización criminal “Los Topos del Oriente”, vinculada al tráfico de terrenos, extorsión y usurpación. Según testigos presenciales, él mismo señaló durante la reunión que acababa de salir de la cárcel y, aun así, realizó una exposición con PowerPoint ante el presidente encargado.
La fotografía protocolar difundida mostró a autoridades y dirigentes en un mismo plano institucional, sin distinción entre funcionarios y personas investigadas por delitos graves, imagen que generó alertas inmediatas dentro y fuera del Ejecutivo.
A la mañana siguiente, alrededor de las 9:00 a. m., Palacio publicó información y una imagen del encuentro en sus canales oficiales; la publicación fue retirada aproximadamente 15 minutos después. Aunque algunas versiones permanecieron visibles en plataformas locales, el retiro exprés confirmó que la difusión del material generó incomodidad interna y activó un intento de control de daños.
Hay, además, un elemento político de fondo. El presidente encargado proviene del Congreso, un espacio donde la negociación cotidiana suele darse con actores de alta conflictividad y donde el pragmatismo frecuentemente desplaza al filtro institucional. Que la reunión haya sido gestionada por una congresista de Fuerza Popular refuerza esa lógica: una cultura política acostumbrada a convivir con perfiles cuestionados y a priorizar la utilidad del interlocutor antes que su idoneidad.
El contexto electoral tampoco es menor. Este año se celebran elecciones municipales, y en círculos políticos de Ucayali se comenta que Jeny López Morales evalúa postular a la alcaldía de Irazola. En ese escenario, la reunión en Palacio adquiere una lectura adicional: no solo como gestión institucional, sino como movimiento político anticipado, con fotografía incluida. En un momento de desconfianza ciudadana, la imagen de un presidente encargado reunido con personas investigadas por organización criminal y tentativa de homicidio no se corrige borrando una publicación, sino evitando que la escena ocurra.
