CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA OBRA SON INVESTIGADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO POR EL PRESUNTO DELITO DE COLUSIÓN AGRAVADA.
La carretera construida para conectar al popular balneario de San José, en el distrito de Yarinacocha, colapsó parcialmente antes de ser inaugurada oficialmente. La obra, valorizada en más de S/ 40 millones, presenta graves deficiencias estructurales que, según expertos, pudieron evitarse.
El ingeniero Jaime Liza, ex decano del Colegio de Ingenieros de Ucayali, inspeccionó el lugar y advirtió que el problema es técnico, pero también institucional:
“El muro de contención ha fallado. Fue el relleno colocado para sustentar la plataforma vial el que cedió. A simple vista, son entre 80 y 100 metros los que colapsaron, llevándose parte de la vereda y afectando el terreno de sustentación de la vía”, explicó.
¿Qué pasó con la carretera?
La vía fue adjudicada en 2019 al Consorcio San José, durante la gestión del entonces gobernador regional Francisco Pezo Torres, hoy investigado por presuntamente liderar una organización criminal y por el supuesto delito de colusión agravada.
El colapso reciente no es el primer problema. La obra ya había mostrado fallas en años anteriores: Un primer problema se registró en noviembre del 2021, cuando el puente en construcción entre los centros poblados de Tushmo y San Lorenzo colapsó. En esa ocasión, se perdieron 70 metros cúbicos de concreto, con un perjuicio estimado en S/ 300 mil.
Luego, en abril de 2023, aparecieron grietas severas en los cimientos del pavimento. Los vecinos tuvieron que improvisar caminos alternativos porque la vía se volvió intransitable.
“Esta obra ya tenía antecedentes [negativos]. En 2021 cayó el puente, en 2023 aparecieron grietas. Y nadie se hizo responsable. Nunca hubo pronunciamiento oficial de la constructora, del gobierno regional ni de la supervisora”, criticó Liza.
¿Por qué falló la estructura?
Para el ingeniero Liza, el colapso del muro de contención pudo deberse, principalmente, a dos razones técnicas: Un mal diseño y una compactación deficiente del terraplén. Ambas causas, afirma, debieron ser detectadas a tiempo por los responsables de la obra:
“El ingeniero residente, por parte del contratista, es el responsable directo de que la obra cumpla con el expediente técnico. Si este hubiera estado bien hecho, estas fallas no debieron ocurrir”.
“Tanto el contratista como el supervisor, con su experiencia, pueden advertir errores en el diseño. Tienen la capacidad de hacer observaciones formales y pedir un rediseño. Pero eso no ha ocurrido o, al menos, no hay constancia conocida de ello.”
¿Quiénes construyeron?
El Consorcio San José, está conformado por las empresas Jungle’s King E.I.R.L. (60 %), COMECO S.R.L. (30 %) y Huracán Inversiones E.I.R.L. (10 %), y tiene como representante legal a Carlos Alfonso Pereyra Castro, quien ha sido denunciado por al menos doce proveedores por incumplimiento de pagos durante la ejecución del proyecto.
La supervisión técnica estuvo a cargo del Consorcio Supervisor San José, integrado por ASCONSULT S.R.L. y RALSAGT S.R.L., bajo la representación de Fernando Alex Rafael Alarcón.
Ambos, Pereyra y Alarcón, son investigados por el Ministerio Público junto con otros funcionarios públicos por la presunta comisión del delito de colusión agravada.
Según la Fiscalía, habrían participado en un acuerdo ilícito para gestionar el pago de adelanto directo a pesar de que la obra se encontraba suspendida desde el 25 de enero de 2019.
El 14 de febrero de ese año, se habría tramitado de forma irregular una solicitud ante la oficina de tesorería del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) para efectuar dicho pago, sin contar con las condiciones legales ni técnicas requeridas.
Posteriormente, el 02 de abril de 2025, la actual gestión del GOREU remitió una tercera carta notarial exigiendo a los responsables que cumplan con la cláusula contractual que los obliga a responder por defectos durante un periodo de siete años, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado
Fuentes del GOREU informaron que en un plazo máximo de quince días se tendrán los resultados de los estudios de ingeniería que determinarán las causas exactas del colapso.
Problemas estructurales en el sistema
Para el ingeniero Liza, el problema va más allá de un fallo técnico: “Los estudios de suelos suelen ser copia y pega. Se recorta presupuesto en el expediente técnico y eso trae consecuencias. Un buen estudio puede costar un millón de soles, pero a veces solo pagan la mitad”.
Además, advirtió que la corrupción podría estar detrás de estas fallas: “No tengo pruebas objetivas, pero es evidente que se trata de una posibilidad. Es parte del problema, y todos lo sabemos”.
