Documentos lo señalan como responsable, mientras su empresa ya fue cerrada ante la SUNAT.
Ucayali.- Sandro Acosta Villavicencio, economista y aspirante al cargo de gobernador regional de Ucayali, enfrenta una demanda judicial por parte del banco BBVA Perú por una deuda superior a los S/500 000 , vinculada a la empresa Comercio y Servicios SAV EIRL, hoy inactiva. Aunque intenta minimizar su responsabilidad, los documentos oficiales y registros públicos lo desmienten.
Según la demanda presentada ante el Primer Juzgado Civil de Coronel Portillo, el BBVA exige el pago de S/. 503,349.78, monto derivado de préstamos otorgados entre 2019 y 2021 y que no fueron honrados. El documento precisa que Acosta figura como fiador solidario, una figura legal que lo obliga a responder personalmente si la empresa incumple.
«Yo no soy el deudor. Soy fiador, y la denuncia es contra la empresa. No tengo deudas impagas. Si no se llega a un acuerdo con el banco, asumiré como garante, como ya lo he hecho antes», declaró Acosta en un intento por desvincularse del proceso judicial. Sin embargo, la escritura pública de constitución de garantía hipotecaria —firmada por el propio Acosta en junio de 2019— lo señala expresamente como representante legal y garante solidario.
Los préstamos en cuestión, respaldados con dos viviendas ubicadas en la urbanización El Bosque (Yarinacocha), mayo de 2024. Ante los reiterados incumplimientos, el banco solicitó la ejecución hipotecaria y el remate de los inmuebles en subasta pública.
«La pandemia golpeó duramente a las empresas. Mi deber como fiador es responder si la empresa no paga, pero estamos en conversaciones con el banco para resolver la situación». Sin embargo, la empresa fue dada de baja en SUNAT el 30 de abril de 2025, justo en medio de su campaña electoral, lo que deja en duda la continuidad de esas supuestas negociaciones
La actual inactiva Comercio y Servicios SAV EIRL, tuvo contratos con el Estado desde 2015. Los últimos se realizaron con el Gobierno Regional de Ucayali durante la gestión de Francisco Pezo Torres, actualmente investigado por colusión agravada. Los montos alcanzaron los S/. 5,550 y S/. 32,346 por concepto de servicios para construcción.
Mientras los expedientes avanzan en el Poder Judicial, Sandro Acosta recorre Ucayali pidiendo el voto. Promete gestión, transparencia y responsabilidad, pero carga con una empresa cerrada, una gran deuda y un proceso que lo tiene frente al riesgo de perder sus propiedades.
En tiempos donde la confianza en los políticos escasea, su candidatura deja más dudas que certezas.
