Antonio Marino Panduro, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y actual candidato al Gobierno Regional de Ucayali, enfrenta un juicio por el presunto delito de colusión agravada. El proceso se centra en la entrega irregular de terrenos del fundo “Nuevo Jordán”, donde se habrían otorgado 81 títulos de propiedad a una sola persona, en un procedimiento que vulneró normas y favoreció directamente a la beneficiaria.
El caso ya está en etapa de juicio oral y compromete a otros exfuncionarios, incluyendo a Isaac Huamán Pérez, exasesor municipal entre 2011 y marzo de 2013; Adriana Vela Mozombite, asesora legal; Víctor Armando Estela Hidalgo, subgerente de formalización; y Romelia Rosa Pezo Quinteros, presidenta de la Asociación Civil “Nuevo Jordán”.
¿Qué pasó con el terreno de “Nuevo Jordán”?
El caso tiene su origen en 1997, cuando el Ministerio de Agricultura otorgó a título gratuito un terreno de 8 hectáreas en el fundo “Jordán”, distrito de Callería, a María Asunción Del Águila Pinedo. Años después, en 2008, el terreno fue ocupado por decenas de familias que buscaban formalizar su posesión.
En 2010, los ocupantes fundaron la Asociación Civil “Nuevo Jordán” con el objetivo de lograr títulos individuales de propiedad.
En 2013, la propietaria y los moradores firmaron un acuerdo conciliatorio para transferir la propiedad del terreno a cambio de un pago total de S/ 455,500.00, que debía ser cubierto por los 146 posesionarios. Muchos realizaron pagos parciales, pero no todos cumplieron.
En ese contexto, la Subgerencia de Formalización resolvió adjudicar a la propietaria original los lotes cuyo pago no fue acreditado por los posesionarios, emitiendo a su favor títulos de propiedad de forma gratuita.
Entre 2015 y 2016, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo emitió al menos cuatro títulos a nombre de María Asunción Del Águila Pinedo, todos firmados por el entonces alcalde Antonio Marino Panduro.
Según el Ministerio Público, este tipo de entrega de títulos contraviene los procedimientos legales vigentes, ya que los terrenos habían sido ocupados informalmente después del 31 de diciembre de 2004, fecha límite establecida para procesos de formalización gratuita
Conflicto de interés: el asesor y la beneficiaria
Mientras era funcionario municipal, Isaac Huamán participó activamente en las gestiones de titulación del predio, a pesar de que se trataba de un terreno de propiedad de su esposa.
En 2013, asistió a una asamblea extraordinaria de la Asociación Nuevo Jordán como representante de Del Águila Pinedo, informando que el terreno estaba libre de cargas y que se elevaría el expediente para su titulación ante la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
Esto fue advertido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad, que emitió el Informe de Alerta de Control N.º 001-2018, donde se señala: “Se entregaron 81 títulos de propiedad a una sola persona, vía proceso de conciliación, a pesar de que la ocupación de la posesión informal fue posterior al 31 de diciembre de 2004.
En dicho proceso se evidencia la participación de un funcionario de la entidad”. Huamán, quien también se desempeñó como director regional de Agricultura de Ucayali, fue detenido en 2018 junto a otros funcionarios, tras ser señalado como parte de una red dedicada al tráfico de tierras. Se les acusa de corrupción por haber adjudicado terrenos en zonas protegidas a personas que actuaban como testaferros.
¿Qué se acusa exactamente?
La Fiscalía, ante el Tercer Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, sostiene que los implicados habrían actuado de manera concertada para beneficiar a Del Águila, quien falleció años después.
Según el Ministerio Público, la entrega de los títulos estuvo marcada por conflictos de interés, abuso de poder y direccionamiento de los procesos administrativos.
La beneficiaria falleció, pero el proceso sigue Aunque María Asunción Del Águila falleció, como se acreditó con su certificado de defunción, el juicio continúa contra los imputados
Antonio Marino no ha brindado declaraciones públicas sobre el caso, indicando que es un proceso judicializado. Sin embargo, su postulación al Gobierno Regional de Ucayali ha despertado duras críticas y repudio en el A.H Nueva Jordán
